El derecho a la ciudad define un “bien común” que beneficie a todos los que viven en ellas y en oposición a una visión mercantil de las ciudades. El término fue utilizado por primera vez en 1968 por el sociólogo marxista Henri Lefebvre. Según él, el derecho a la ciudad supone un cambio de paradigma en el sistema productivo capitalista. Afirma que “existe una contradicción entre el espacio que produce el Estado y que controla, y con el espacio producido por los intereses privados, en particular los intereses capitalistas”. No se trata de un derecho en el sentido jurídico sino de un derecho similar a los derechos estipulados en la declaración de los derechos humanos. La nueva agenda urbana definida por la conferencia internacional de las Naciones Unidas Hábitat 3, adoptada por 197 países, hace referencia al derecho a la ciudad.

En los estudios sociológicos y urbanos, el concepto de derecho a la ciudad se tradujo en la noción de ciudad inclusiva, es decir, una ciudad accesible para todos y todas, donde cada persona puede ejercer sus derechos. En primer lugar, para responder a los desafíos planteados por el crecimiento rápido de las ciudades, los alcaldes desarrollaron un enfoque de « Smart city », buscando soluciones innovadoras y tecnológicas para luchar contra la contaminación, contra la saturación de las redes de transporte público, para mejorar la calidad de los servicios urbanos. Estas estrategias no tuvieron éxito en disminuir las segregaciones espaciales, y el desafío ahora es evitar que la ciudad sea “inteligente” solamente para las poblaciones privilegiadas.